Una nueva sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha fijado una condena de un año de prisión (que no cumplirán por no tener antecedentes) y una multa de 2.500 euros para cada uno de los dos propietarios de un establecimiento en el que se instalaban chips de modificación a consolas de videojuegos para saltar las protecciones y medidas de seguridad que impiden la ejecución de videojuegos no originales.
Los condenados deberán pagar a Adese una indemnización por los beneficios que no se han obtenido por cada una de las compañías asociadas a la organización patronal del videojuego en España, habiéndose solicitado un total de 31.375 euros. Para ejecutar este pago, Adese deberá certificar documentalmente los daños y tras eso el juzgado establecerá la indemnización definitiva.
Los condenados anunciaban públicamente su actividad en una web promocional creada para esos efectos y tenían ofertas publicadas en otras webs incluyendo la venta de consolas ya modificadas y juegos copiados a 3 euros la unidad en formato CD y 8 euros la unidad en formato DVD.
Con el juicio culmina una operación abierta con la intervención policial que se realizó en mayo de 2004 en su establecimiento, donde la policía se incautó de 1.287 copias de juegos no originales y tres ordenadores con doce regregabadoras, así como una cantidad no especificada de materiales para modificar las consolas.
Se ha tenido también en consideración el ánimo de lucro con el que se realizaba la actividad: "Una cosa es que un usuario pueda realizar o no una copia de seguridad de un videojuego" en oposición a la actuación "de forma profesional, con ánimo de lucro, sin autorización alguna de los titulares de derechos de gestión de la marca, pueda desprotegerse la consola".
Los condenados deberán pagar a Adese una indemnización por los beneficios que no se han obtenido por cada una de las compañías asociadas a la organización patronal del videojuego en España, habiéndose solicitado un total de 31.375 euros. Para ejecutar este pago, Adese deberá certificar documentalmente los daños y tras eso el juzgado establecerá la indemnización definitiva.
Los condenados anunciaban públicamente su actividad en una web promocional creada para esos efectos y tenían ofertas publicadas en otras webs incluyendo la venta de consolas ya modificadas y juegos copiados a 3 euros la unidad en formato CD y 8 euros la unidad en formato DVD.
Con el juicio culmina una operación abierta con la intervención policial que se realizó en mayo de 2004 en su establecimiento, donde la policía se incautó de 1.287 copias de juegos no originales y tres ordenadores con doce regregabadoras, así como una cantidad no especificada de materiales para modificar las consolas.
Se ha tenido también en consideración el ánimo de lucro con el que se realizaba la actividad: "Una cosa es que un usuario pueda realizar o no una copia de seguridad de un videojuego" en oposición a la actuación "de forma profesional, con ánimo de lucro, sin autorización alguna de los titulares de derechos de gestión de la marca, pueda desprotegerse la consola".
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